A veces el panorama se ve oscuro. Los montos son altos y las platas escasas; los subsidios y fondos tardan en salir. Pero también despunta una renovada conciencia patrimonial, más respeto al pasado, nuevos mecanismos, voluntarios entusiastas. Parece que hay luz al final del camino.
Patricio Contreras y Elena Irarrázaval
RAZONES DEL DESPLOME
Varias son las razones que se conjugaron para que el patrimonio resultara extremadamente dañado tras el 27-F. En primer lugar, la intensidad de 8,8 y el enorme espacio geográfico que abarcó. «Este terremoto afectó a la zona más poblada y de mayor concentración de patrimonio en el país», explica Óscar Acuña. La zona de Colchagua, por ejemplo, hacía varias décadas que no sufría un sismo importante.
Otro factor que pesó fue el mal estado de muchos edificios históricos y antiguas viviendas rurales y urbanas de adobe. Inmuebles que tenían humedad, agregados de otros materiales, muros de adobe sin estructuras o refuerzos que la sustentaran. En este contexto, se dio el caso de obras restauradas hace poco tiempo, que cedieron casi completamente. Varios expertos subrayan que muchas veces en el ámbito patrimonial se realizan restauraciones «cosméticas», que dejan las obras con una buena apariencia externa, bonitas pinturas y revoques, pero sin una estructura que les dé solidez y firmeza. Una situación que no debiera volverse a repetir. En cambio, el trabajo realizado en las centenarias casas de Mendoza en Rengo, con su alto torreón del siglo XVIII, ha sido citado por el Padre Gabriel Guarda y por expertos de la Universidad Adolfo Ibáñez como un ejemplo a seguir por su buen desempeño tras el terremoto, pese a la antigüedad de la construcción.
Otro problema parece radicar en la educación. «Esta carencia se da en dos planos. Una es la falta de formación cultural, que impide ver, reconocer sensiblemente lo que nos pertenece. Otra es la ausencia de conocimientos técnicos sobre materiales tradicionales . Se ha perdido gran parte del antiguo ‘saber hacer’ y no han surgido instancias de formación que lo reemplacen y mejoren», acota Hernán Rodríguez. Finalmente, una falencia que se arrastra desde hace décadas y que distintos gobiernos no han querido remediar: la necesidad de mejorar la legislación de monumentos y los incentivos que estimulen la preservación.
UNA NUEVA SENSIBILIDAD
En Chile los terremotos han dejado una estela de valiosos monumentos demolidos sin mucha reflexión tras los sismos. Paradigmáticos son los casos de las catedrales de Ancud y Concepción -donde tuvieron que dinamitar sus torres- o el Portal Edwards. Hoy parece ser que el resguardo del patrimonio se ha instalado con más fuerza. «Es esperanzador es la mayor importancia que la comunidad y los medios, en general, le están asignando al patrimonio, reconociéndolo como algo propio, identitario, portador de memoria», explica Hernán Rodríguez. «Claramente hay un cambio. Hay una necesidad de conservación y rescate, que hace tan solo una década no existía «, agrega Óscar Acuña, secretario del Consejo de monumentos nacionales, CMN.
En un año triste, esta nueva mentalidad ha sido uno de los signos positivos y ha impulsado la labor de muchos voluntarios e instituciones y la aparición de nuevas fundaciones preocupadas del tema, como Procultura.
Claro que no se trata de cantar victoria. Todavía falta muchísimo por avanzar. «Mal síntoma es, por ejemplo, que la iglesia de la Gratitud Nacional, monumento que se dañó en 1985, siga exactamente igual, cerrada desde entonces. Su nombre es una cruel ironía», acota Rodríguez. Como dice Acuña, «el mejor reflejo de este cambio se verá cuando de verdad modifiquemos nuestra legislación de monumentos, la adecuemos a las necesidades actuales y establezcamos incentivos para la conservación».
Las tareas para adelante abundan, pero es indudable que hoy se percibe una mayor cercanía a nuestras raíces culturales y patrimoniales: ese delicado vínculo que une a la comunidad con su pasado y la proyecta hacia el futuro.
LOS TEMORES Y DIFICULTADES DE LA RECONSTRUCCIÓN
«El problema principal se deriva de la magnitud de la catástrofe», dice Óscar Acuña. No exagera: la fractura sísmica tuvo una extensión de 600 kilómetros. De los 484 monumentos históricos y zonas típicas comprendidas entre la Región de Valparaíso y la del Biobío, 228 sufrieron daños (un 47 por ciento) . Frente a esta amplitud, la urgencia y la falta de soluciones y recursos fue una mezcla nefasta al tomar decisiones. Óscar Acuña reconoce la necesidad por recuperar espacios e inmuebles con premura; sin embargo, agrega: «algunos alcaldes dispusieron demoliciones de inmuebles que no presentaban daños estructurales. Todo se agrietó, pero no toda grieta daba para botar el inmueble».
Nieves Cosmelli, Directora del programa de rescate patrimonial del Minvu para la VI región, asegura que el desconocimiento y la mala gestión son las principales trabas para echar a andar la reconstrucción patrimonial, especialmente al momento de enfrentarse al aparato estatal. «El sistema público tiene su estructura, muy distinta a la privada. Uno se topa con un procedimiento largo, lento. Pero está la voluntad política de hacerlo».
Para José Rosas, decano de arquitectura de la Universidad Católica, el panorama de las iglesias destruidas es uno de los más desoladores. «Son edificaciones que no tienen fondos para mantención» . María Elena Troncoso, secretaria de la Comisión Nacional de Bienes Culturales de la Iglesia, cree que el temor ha provocado demoras innecesarias. «Hay miedo al CMN, a las leyes, a meter mano en restauraciones». Esto, a su juicio, también ha repercutido en las estimaciones de costos, generando presupuestos altos para soluciones más económicas. «Deben aterrizar a la realidad» , exige.
EL DILEMA DE LAS ZONAS TÍPICAS
A simple vista, la recuperación de un monumento parece más factible que la de una zona típica. Para José Rosas, sin embargo, la relación entre ambas categorías patrimoniales es «indisoluble». Y agrega: «Deberíamos aprender de los avances en ciudades con más historia, donde se ha entendido que la mantención de lugares históricos no es independiente de los usos «.
Óscar Acuña reconoce que la situación de estos conjuntos es compleja, pero entrega una luz de esperanza: «Tenemos lineamientos definidos para la recuperación de prácticamente todas las zonas típicas de la VI Región, y estamos trabajando en las restantes». Nieves Cosmelli agrega que el Minvu tiene contemplada la entrega de subsidios para 200 localidades que, incluso, pueden no estar protegidas.
«Las Zonas Típicas son un patrimonio vivo, hay gente habitando ahí», indica Mónica Bahamondes, directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración. «Por lo tanto, sus opiniones y posturas deben ser consideradas». Cosmelli coincide: «Se requiere trabajar con la comunidad; son ellos los propietarios, y hay que hablarlo una por una. Es un trabajo de joyería, no es de agilidad o solamente de números «.
José Rosas, en tanto, llama a pensar integralmente la planificación urbana: «Cuando pierdes patrimonio económico, material y cultural, y no lo vas a restituir en iguales condiciones, estás dañando el proceso de reconstrucción», concluye.
UNA NORMA PARA EL ADOBE
La discusión sobre la conveniencia de la tierra cruda como material de construcción emerge con cada terremoto. Para muchos, el debate debe pasar del blanco y negro -promoverlo o eliminarlo- a un análisis matizado donde converjan distintas perspectivas.
Durante los últimos tres años, el ingeniero calculista Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, ha estado a cargo de la elaboración de la norma que regula las intervenciones estructurales en edificaciones patrimoniales hechas con tierra. El terremoto, explica, aceleró la preocupación de las autoridades respectivas, como el Ministerio de Vivienda, para contar con un documento de este tipo.
«La norma no está destinada a viviendas nuevas» , explica. «No incentiva la construcción de viviendas nuevas en adobe. El adobe es un material peligroso desde un punto de vista sísmico». El diagnóstico es compartido por el ingeniero Juan Carlos de la Llera: «Carece de un control de calidad, es frágil, es extraordinariamente pesado. Tiene todas las condiciones de un material que no debe ser utilizado en una construcción antisísmica» .
Sin embargo, ambos especialistas reconocen que existe un espectro patrimonial que debe ser atendido. Es por ello, dice Contreras, que la norma sobre adobe -que estandarizará las evaluaciones y orientará las intervenciones en edificaciones de tierra ya existentes- es una contribución en la materia. «No podemos empezar a destruir esa memoria», dice. «Este es un aporte para preservarla».
La norma considerará las construcciones de albañilería de adobe, quincha, tapial y mampostería de piedra. Contreras cree que debería estar lista a mediados de este año, cumpliendo así con la legislación vigente en materia de diseño sísmico de edificios, que exige la existencia de normas para cada material.
EN BUSCA DEL FINANCIAMIENTO
Si bien la reconstrucción conlleva otras preocupaciones ajenas al patrimonio, lentamente se han generado mecanismos para la entrega de recursos, a veces para diseñar restauraciones o para la reconstrucción integral de un inmueble.
Uno de ellos es el Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP) -gestionado por la Subdere, la Dirección de Arquitectura del MOP y el Banco Interamericano de Desarrollo-, que ya ha comprometido aportes para distintos monumentos, como el Palacio Vergara.
También destacan los $2.300 millones que el Consejo de la Cultura entregó a 34 inmuebles de valor patrimonial que postularon a un concurso el 2010. El Consejo aportó la mitad de los recursos solicitados por los postulantes, con un tope máximo de $100 millones. Según el ministro Luciano Cruz Coke, en más de la mitad de estas propuestas se están ejecutando obras. «Incluso, tenemos algunos inmuebles que ya finalizaron las faenas, reabrieron sus puertas y retomaron sus actividades, para la alegría de la comunidad y de sus fieles, como en el Santuario San Sebastián de Yumbel, en la Región del Biobío».
Nieves Cosmelli aclara que el Minvu está comprometido con los conjuntos habitacionales insertos en zonas típicas. Los habitantes de Lolol serán los primeros beneficiados con subsidios q ue ascienden a 580 UF (más de $12 millones) . Además, todos los edificios públicos patrimoniales -municipios, intendencias, gobernaciones- tienen asegurado su financiamiento de reconstrucción.
Óscar Acuña agrega que las iniciativas privadas han sido fundamentales, primero a través de las empresas que se han involucrado en pueblos tradicionales (Cerro Colorado en Ninhue, el Grupo de la familia Yarur en Linares, Codelco en la Iglesia de La Merced). La segunda modalidad es el apoyo extranjero, gestionada a través de la Cancillería y su Dirección de Asuntos Culturales. Un ejemplo es el aporte de México para la restauración de los murales de Siqueiros y Guerrero en la Escuela Chillán .
«El otro frente del sector privado lo asocio a esa mayoría silenciosa -dice Acuña-, que son los vecinos y propietarios que han presentado muchos proyectos; ellos son el fiel reflejo de que estamos viviendo el ‘Tiempo del Patrimonio'».
Patricio Contreras 