¿Qué hacer con el “excesivo” patrimonio arqueológico en Chile?

No es que sobre, pero no hay dónde almacenarlo. Los museos especializados viven una compleja situación para conservar y exhibir restos arqueológicos. Y todo gatillado por un marco legislativo con espíritu noble, pero que genera efectos colaterales. Los representantes del gremio, del Consejo de Monumentos y de los museos comulgan en que la legislación se debe corregir.

Patricio Contreras Vásquez

La escena es paradójica: Claudio Gómez, director del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), muestra en la pantalla de su computador algunas fotografías de depósitos de restos arqueológicos. Seguramente la última vanguardia, con estándares elevados. Esas fotos son del Museum Support Center, en Washington, Estados Unidos. Otro país, otra realidad.

El MNHN alberga entre 200 mil y 300 mil piezas arqueológicas, que pueden ir desde semillas y muestras de tierra hasta restos óseos. De esa estimación, menos del uno por ciento puede estar en exhibición; es decir, es “museable”. El resto es material para realizar investigación. Gómez reconoce que el museo ya no da abasto para recibir restos arqueológicos, y que el ingenio para generar espacio ha llegado a su límite: “Tenemos cosas en los pasillos, debajo de las escaleras”.

La realidad del MNHN es compartida por otros museos arqueológicos en el resto del país. Desde mediados de los noventa, la actividad vive una ebullición, gracias al aumento en la prospección y rescate de sitios de interés arqueológico -principalmente por el desarrollo minero, inmobiliario y vial-, lo que ha redundado en mayor demanda de profesionales, que en Chile siguen siendo escasos.
Y todo gatillado por un marco legislativo con espíritu noble, pero que genera efectos colaterales.

Legislación actual: noble y problemática

Dos leyes regulan la intervención de sitios arqueológicos en Chile. La Ley de Monumentos Nacionales declara que son monumentos “las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional”. “Los países, en general, no tienen una ley con tanta capacidad de visualizar un problema y que sabe salvaguardar los bienes patrimoniales”, indica Mauricio Uribe, presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología.

El detalle de la ley está en un reglamento que estipula que todo resto pertenece al Estado y que su tenencia será asignada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a las instituciones que aseguren su conservación y exhibición. Una “colección representativa” debe ir al MNHN.

El segundo cuerpo legislativo es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300), que exige la presentación de un estudio de impacto ambiental para aquellos emprendimientos o proyectos que generen “alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”. En esa línea, el CMN también integra los comités técnicos que evalúan los informes. Es una de las pocas legislaciones en el mundo que reconoce los valores culturales como parte del ambiente, como argumenta Claudio Gómez.

Emilio de la Cerda, secretario ejecutivo del CMN, explica que el impacto de los proyectos que se someten al sistema de evaluación ambiental es determinante en el aumento de la aparición de restos arqueológicos. “Eso ha generado que haya mucho material que se saca y se destina a museos regionales o a otro tipo de entidad. Y aquí está el problema de fondo: un montón de material que se empieza a acumular, que no se está investigando quizás con todo el rigor. No existen proyectos de investigación asociados a esos bienes”.

El resultado en términos de acumulación es que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases del Medio Ambiente, en 1994, los museos de la Dibam han percibido un aumento en la recepción de restos arqueológicos, hasta llegar a un colapso del sistema, sin que necesariamente la empresa privada entregue aportes financieros más allá de la excavación y embalaje de restos. El MNHN sufre esta situación, también el Museo Regional de Atacama. Y la legislación no contempla la entrega de recursos -del Estado o del mundo privado- para encarar la realidad.

Misma protección, más recursos

¿Qué hacer en el intertanto? Hay opciones que son descartadas por el CMN. Por ejemplo, la venta de colecciones. “Los bienes arqueológicos son patrimonio de la nación, por el solo hecho de estar en territorio chileno. No son bienes enajenables, no son comercializables”, dice De la Cerda.

El apoyo e interés de las empresas que encargan los estudios también es esencial para estimular la investigación. El arqueólogo Diego Salazar, académico de la Universidad de Chile, ha trabajado con Minera El Abra desde 1999. En estos años acumuló mucha información sobre la minería precolombina en la zona de Calama. La empresa tuvo la idea de financiar una publicación -“Tras la senda del cobre atacameño” (2007)-, además de videos, charlas y trabajo con las comunidades indígenas locales. “Lo financiaron íntegramente. Esta minera ha tenido una disposición única a nivel nacional”, asegura Salazar.

Para la falta de espacios, Claudio Gómez, del MNHN, plantea una solución que tiene paralelismos internacionales. “En la Dibam, y esto no representa la postura oficial, se habló de tener unos repositorios regionales que permitan el acopio en macrozonas -norte, centro, sur- de colecciones. Yo lo vi en el estado de Florida, tenían un depósito central. En el National Park Service, el equivalente a la Conaf nuestra, que también administra recursos culturales, también tenían depósitos regionales”.

Pero la logística, conservación y mantención del patrimonio queda coja. La alternativa es que el fisco inyecte recursos con regularidad. De la Cerda confirma que el CMN y la Dibam están trabajando en un borrador con modificaciones a la Ley de Monumentos. “Una cosa es que el Estado declare ciertos bienes arqueológicos, naturales y culturales, y otra cosa que tiene que traer aparejado eso es la política de Estado en términos de recursos y de políticas destinadas a la consagración efectiva de esos bienes. Hoy falta un poco o es muy débil esa dimensión”.

Mauricio Uribe plantea que hay que dar un paso cualitativo, pues las responsabilidades son compartidas, no sólo del Estado. Si bien reconoce la riqueza de la legislación, Uribe instala una reflexión que puede ser incómoda, incluso al punto de llegar a preguntarse -como arqueólogos- hasta dónde puede estirarse la ética preservacionista de la profesión. “Nosotros en ningún caso cambiaríamos de la ley que todo lo arqueológico es monumento. Como arqueólogos no transamos en eso. Pero sí creemos que es necesaria una discusión de cómo nos hacemos cargo de esa responsabilidad”.

“Tenemos depósitos saturados”

Luis Cornejo, parte del equipo curatorial del Museo Precolombino y miembro del Consejo de Monumentos, estima que actualmente debe haber entre diez y quince proyectos que están cavando y sacando objetos de manera masiva. “Hay una demanda de depósito que no existía. Antes el material arqueológico salía por accidente o por la investigación arqueológica, que tiene un ritmo mucho más pausado que lo que viene del sistema de impacto ambiental”.

“Los museos son centros de acopio sin salida”, dice Claudio Gómez. “Acopiamos, acopiamos ad aeternum “. La disyuntiva de cómo usar mejor el espacio es transversal. El Museo Regional de Atacama opera en un inmueble que no supera los 800 metros cuadrados; de esa cifra, un 10 por ciento se usa para almacenamiento.

“Tenemos depósitos saturados”, confirma su director, Guillermo Cortés, quien valora el trabajo que están haciendo algunos arqueólogos que trabajan en estudios de impacto ambiental. “Las cosas que recibimos vienen trabajadas. Eso permite ordenarlas ya sea en la sala de procesos técnicos o en el depósito histórico. El trabajo que hace el arqueólogo es fundamental”. Cortés estima que en un plazo de 26 meses debería ver la luz el nuevo edificio que albergará al museo.

En La Serena, en tanto, su Museo Arqueológico -que dispone de 12 mil piezas arqueológicas- ya está expandiendo su espacio físico, con un inmueble de cuatro pisos y dos subterráneos. Su director, Gabriel Cobo, cuenta: “Este es un programa que lleva seis años y ha significado trabajar con las colecciones, dimensionar la que tenemos. Y paralelamente trabajar una propuesta novedosa, moderna, que sea vanguardista”. A fines de 2012 podría estar finalizado el proyecto global del museo. “Esto es la respuesta de un trabajo silencioso”.

Pocos arqueólogos, buenos sueldos y menos investigación

El diagnóstico es transversal: la Ley de Bases de Medio Ambiente es un espaldarazo a la protección del patrimonio cultural, al considerar la opinión del Consejo de Monumentos y requerir los servicios de los escasos arqueólogos que existen. Mauricio Uribe, presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología, estima que en nuestro país debe haber poco más de un centenar de profesionales, lo que garantiza buenas ofertas salariales del mundo privado.

Pero esto tiene efectos colaterales para el gremio. Tanto Luis Cornejo como Uribe reconocen que las suculentas ofertas del sector privado son más atractivas que los recursos obtenidos de, por ejemplo, un Fondecyt. La estimación de Cornejo es que un arqueólogo activo en estudios de impacto ambiental puede ganar tres millones de pesos al mes.

“El marco legislativo y regulatorio no es tan amable con los intereses del arqueólogo”, dice Uribe. “El problema no nace de tu reflexión”. Cornejo corrobora: “Estás una semana en Punta Arenas, otra semana en Santiago, en Valdivia, Arica; tienes que ir donde las empresas te manden”.”Tú haces tus actividades y quedas nuevamente cesante”, señala Cristian Becker, curador de arqueología del Museo de Historia Natural. “¿Cuál es el pero? No estás satisfaciendo tu necesidad básica de ser arqueólogo, que es hacer investigación”.

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